Costa Rica atraviesa una situación económica difícil, a tal punto que la mayoría de los diputados pretendía concretar como ley de la República, el plan de solidaridad tributaria. Extrañamente el Gobierno prédica sobre la austeridad y el recorte en gasto de inversión pública, empero en la Asamblea Legislativa reciben con brazos abiertos un aumento salarial.
¿Cuál es el problema? Resulta que mientras a los empleados públicos normales el aumento para el primer semestre es de ¢5.000, los padres de la patria recibirán un jugoso aumento de ¢150.000, creando esto un sentimiento de desamparo y desigualdad en la sociedad costarricense.
Este aumento salarial no es de recibo para 3 diputados de la Asamblea Legislativa de distintas fracciones. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, el diputado del Partido Accesibilidad sin Exclusión, Víctor Emilio Granados, y el presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza del Partido Acción Ciudadana.
De manera contradictoria el presidente ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, manifestó que los diputados no pueden renunciar al aumento salarial, ya que por las cargas sociales que trae implícitas no se puede eludir para el pago de impuestos.
La situación del país es crítica, sin embargo, el Primer Poder de la República parece ignorar que se debe evitar en lo posible el gasto. Para unos hay recorte, para otros parece que la crisis no los afecta. En tiempos de déficit y faltante es necesario tomar medidas para todos por igual, y no hacer excepciones que parezcan favorecedoras o beneficiosas.
